La desaceleración primero y la recesión después
[1] a consecuencia del coletazo de la crisis global han agravado el desempleo en Colombia, alejándola cada vez más de la tasa de un solo dígito que ha sido la ambicionada meta de este gobierno. Desde mediados del año pasado está cayendo la tasa de desocupación, entendida esta como la relación entre desocupados y la población económicamente activa (PEA). La tasa de desempleo que se situó en el 14.2% para el mes de enero, en contraste con el 12.3% de enero de 2008, 1.1 puntos más, elevándose el número de desempleados a la escalofriante cifra de 2´830.000 personas, 308.000 por encima de la cifra registrada en el mismo mes del año anterior. Según el más reciente reporte del DANE, para febrero dicha tasa marcó el 12.5%, superior en 0.5 puntos con respecto a febrero de 2008 y el número de desocupados se acrecentó en 167.000 en comparación con los que se contabilizaron un año atrás. En el sólo trimestre diciembre – febrero se perdieron 266.000 empleos, los cuales se vienen a sumar a los casi 3 millones de cesantes y a los millones de personas que se debaten entre la informalidad y la precariedad de sus ingresos. El drama del desempleo sería mayor, de no ser porque a medida que decae la economía el desaliento de quienes buscan infructuosamente trabajo repercute en la baja de la tasa participación y del desempleo, especialmente de las mujeres, dado que a todos ellos se les da de baja de la base de la PEA.
Así las cosas, no es extraño que el desempleo se haya convertido en el mayor dolor de cabeza para los colombianos; así lo muestran los resultados de la encuesta realizada en la última semana de febrero por la firma Gallup Colombia. Según la misma, la economía pasó a ser la mayor preocupación superando por un amplio margen a la seguridad; para el 75% de las personas consultadas la desocupación está empeorando, mientras que en abril del año pasado sólo el 49% participaba de dicha percepción. Cabe resaltar que esta influye poderosamente en la confianza del consumidor, que ahora anda de capa caída y no es para menos. En efecto, según la más reciente encuesta del consumidor que realiza Fedesarrollo el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) bajó ostensiblemente en febrero de este año al ubicarse 25.3 puntos (¡!) por debajo del registro del mismo mes el año anterior, en – 1.6 puntos. Según su director ejecutivo, Roberto Steiner, “la fuerte caída en la confianza de los consumidores se debió a una reducción tanto en las expectativas como en las condiciones económicas actuales”
[2]. Y ya sabemos que el Índice de Expectativas del Consumidor (IEC) también viene a la baja; según la ANDI este se ubicó en 0.8 puntos en diciembre de 2008, con una caída vertical de 32.2 puntos. Vemos, entonces, cómo no sólo se deprime la actividad económica sino que sus agentes son presa de una profunda depresión y en ello influye muchísimo no sólo el desempleo sino el temor a perder el empleo por parte de quienes lo tienen. Unos y otros se vuelven más cautos y austeros en el gasto y merced a la paradoja de la frugalidad de la cual nos hablaba Keynes la economía cae en un infernal círculo vicioso: baja el consumo → baja la producción → baja el empleo → baja el ingreso → baja el consumo. Y así queda la economía inmersa en una especie de espiral descendente que agrava la situación.
Tal comportamiento es explicable, toda vez que son varios los factores que contribuyen a la caída del PIB y esta a su vez al deterioro del mercado laboral. De acuerdo con el FMI una caída del 10% en las exportaciones le cuesta al país entre 2 y 3 puntos porcentuales del PIB y según las proyecciones de ANALDEX este año sufrirán un desplome del 20% (¡!). Entre tanto, según Fedesarrollo, entre 2002 2007 la afluencia de la inversión extranjera directa (IED) le significó al país en promedio un punto porcentual de crecimiento del PIB y según el Ministro de Comercio Exterior, Luis Guillermo Plata, se prevé una baja entre el 15% y el 20%, que puede ser peor pues el año arrancó con una caída del 27% (¡!) en el primer trimestre. Razón tuvieron, entonces, el Ministro de Hacienda, Oscar Iván Zuluaga y la directora de Planeación, Carolina Rentería, al revisar por tercera vez a la baja la meta de crecimiento para este año, reduciéndola a un rango entre 0.5% y 1.5%. El banco estadounidense JPMorgan estima que en el primer trimestre de este año el PIB cayó un 0.5%, que sumado a la caída del 0.7% en el último trimestre del año pasado me confirmaría en mi sospecha de que la economía colombiana ya está en recesión
[3]. Y, para redondear, tenemos que concluir este aspecto diciendo que, de acuerdo con un estudio reciente, por cada punto que baja el crecimiento del PIB se pierden 2 puntos (¡!) en el empleo. De allí que no resulta exagerado decir que el panorama del empleo es supremamente sombrío y pronosticar que lo será aún más hacia el futuro.
LOS ESPEJISMOS DE LA FLEXIBILIZACIÓN LABORAL
La crisis económica global trajo consigo una afectación sin precedentes sobre el empleo; porque, como lo vaticino la OIT, “el empleo será la principal víctima de la crisis”
[4]. Como lo afirmó Juan Somalia, su director, “nos enfrentamos a una crisis del empleo de alcance mundial”
[5], y estima que esta crisis le va costar al mundo 50 millones de empleos en 2009, 50.000 diarios, de los cuales entre 1.5 y 4 millones corresponderán a América Latina y el Caribe, con una caída entre 0.3 y 0.4 puntos porcentuales. La tasa de desempleo a nivel mundial se situaría en 7.1%, abarcando a más de 200 millones de seres. Este pronóstico es “realista, no alarmista”
[6] advirtió el director de la OIT. De la misma manera que ningún país se puede sustraer de la crisis global, tampoco puede escapar a sus nefastos efectos, entre ellos el desempleo y sus secuelas. Colombia particularmente se ha caracterizado por ser el país con más altos niveles de desempleo en Latinoamérica e incluso, como lo señala la revista The Economist en su última edición, en el resto del mundo sólo es superada por España y Sudáfrica. Lo más preocupante es que, como lo sostiene Portafolio, el desempleo en Colombia “baja muy poco cuando la economía está en auge y sube muy rápido cuando llegan los tropiezos”
[7]. La tasa de desempleo abierto ha permanecido elevada, independientemente de la fase del ciclo económico; ni siquiera cuando la economía creció al 7.5%, cifra récord para el patrón colombiano, fue posible alcanzar la ansiada meta de un solo dígito en la cifra de desempleo.
Ya son dos las reformas que se le han introducido al régimen laboral
[8], supuestamente encaminadas a propiciar la mayor generación de empleo y a enfrentar una de las peores lacras que agobian a la sociedad colombiana junto con la pobreza y la violencia, como lo es el desempleo crónico. En ambas, se partió de la premisa que el mayor obstáculo con el que tropiezan las empresas y los empresarios para ampliar la oferta de trabajo son los altos costos de la contratación laboral. El principal instrumento del cual se echó mano fue el de la flexibilización laboral; con tal fin se eliminaron las restricciones a la contratación directa de trabajadores temporales, a término fijo, se acabó con la acción de reintegro y su corolario, los salarios caídos por despido de trabajadores sin justa causa con más de diez años de vinculación, se proscribieron los recargos por horas extras, trabajo nocturno y/o en días festivos entre otras decisiones de política. Pero, los resultados alcanzados dejan mucho qué desear.
Al referirse a la primera reforma, la de 1990, sostuvo la revista Dinero que “la reducción del desempleo en 2004 no fue resultado de un aumento en el empleo como cabría esperar, sino por el contrario, de una reducción en la tasa global de participación, que pasó de 62.5% a 59.7% es decir, 508.000 personas se retiraron del mercado laboral. De otra parte, el número de personas ocupadas se redujo en 408.000, lo cual significa que ese mismo número de empleos se perdió en el año”
[9]. En cuanto a la más reciente, la de 2002, que fue expedida justamente para “apoyar el empleo y ampliar la protección social”, se impuso la meta de crear 480.000 empleos nuevos, el 48% de los cuales debía lograrse en el primer año. Tras reconocer su fracaso, la Comisión que se creó en desarrollo de la Ley con el fin de dictaminar sobre el cumplimiento de tal cometido, en su informe al Congreso de la República aseveró que “los estudios coinciden en que, si bien el número de puestos de trabajo creados tras la reforma no fue el que se deseaba”
[10]. Y, a renglón seguido, dijo que como fruto de dicha reforma “la calidad del empleo mejoró”. Tres años después de la entrada en vigencia de la reforma, Alejandro Gaviria, director del CEDE de la Universidad de los Andes, pudo constatar que “según una encuesta reciente, sólo un 3% admitió que la reforma incidió positivamente sobre las decisiones en materia de contratación”
[11]. Después se comprobaría que tampoco mejoró la calidad del empleo, porque no de otra manera se puede interpretar el hecho de que el subempleo, que en gran medida es desempleo disfrazado, pasara del 28.4 al 31.4% entre junio de 2004 y junio de 2005 y más recientemente el empleo informal, el del rebusque, pasó de 56.3% enero de 2008 al 57.7% en el último trimestre de 2008. Desde entonces hemos sido partidarios de que, ya que esta reforma laboral no sirvió para generar empleo y tampoco instrumento de retención del empleo en épocas de bajo crecimiento como este, el gobierno “debe presentar un proyecto de ley que modifique o derogue las disposiciones que no hayan logrado efectos prácticos para la generación de empleo”, puesto que así lo prevé el artículo 46 de la Ley de marras. Bien se ha dicho que un problema sin solución es a menudo un problema mal planteado y este es el caso
[12].
CRECIMIENTO SIN EMPLEO
Para el ex director del DANE, Ernesto Rojas Morales, la paradoja del desplome del empleo a la par con un crecimiento vigoroso de la economía durante el “quinquenio virtual” (2002 – 2007), caracterizado por un crecimiento inusitado, puede obedecer a un fenómeno reciente que es crecer sin generar empleos
[13], concepto este que no compartió la directora de Planeación Nacional. A ello ha contribuido el cúmulo de rebajas, exenciones, descuentos, deducciones y exclusiones tributarias
[14] que favorecen a las rentas de capital, a las cuales se vino a sumar la ventaja que se derivó de la revaluación del peso frente al dólar para la importación de equipos para la reconversión y la modernización del parque industrial, la cual de contera se vio incentivada por el descuento del impuesto de renta del 40% del monto de las utilidades reinvertidas en las propias empresas
[15]. Todo ello ha tenido un efecto perverso en la estructura de costos de las empresas, al reducir los costos relativos del capital frente a los costos de la fuerza de trabajo, induciendo procesos productivos cada vez más intensivos en capital en los que este desplaza al trabajo. Por ello, no es extraño que, como lo sostiene el experto Hugo López, “si hace cinco años se requería un crecimiento económico del 4% para reducir en un punto la tasa de desempleo, hoy se requiere el doble, dado los aumentos de productividad”
[16].
No hay que negar que esta es una tendencia de la economía global, en la que se ha venido imponiendo progresivamente un capitalismo sin trabajo, en el que este es relegado, en el que cunde es el desempleo en lugar de la generación masiva de empleo. Esta dinámica diabólica explica el hecho de que en las dos últimas décadas las rentas de trabajo apenas sí aumentaron un 2%, rezagándose con respecto a las rentas de capital que lo hicieron a un ritmo del 59%. A consecuencia de este sesgo a favor del capital y en detrimento del trabajo este último bajó su participación en dicho lapso del 30% a menos del 10% del PIB. En el caso específico de Colombia, al analizar la distribución funcional del ingreso nacional, esto es la participación de los diferentes factores de producción en el PIB, comprobamos que “en particular en el sector financiero -excluido el banco central-, en el corto período de siete años- entre 2000 y 2007, el capital amplió su participación en las rentas sectoriales en casi 15 puntos porcentuales, de 43,9% a 58,4%, lo que constituye un verdadero cambio estructural”
[17]. Entre 2002 y 2007 se dio un exacerbamiento de este fenómeno, aupado por las distintas medidas de política que estimulan al capital y a la inversión privada a las cuales hemos hecho referencia, de tal suerte que en tan corto intervalo tal participación tuvo un incremento de 10.2 puntos, pasando de 48,2% al 58,4%. Como lo sostiene Helena Villamizar, “Contrariamente, la remuneración a los trabajadores redujo su participación en el PIB financiero en 10% en tan sólo cinco años: de 45,2 en 2002 a 35,6 % en 2007... Por su parte en las sociedades no financieras ocurrió similar deterioro de la fracción correspondiente a la remuneración de los trabajadores, si bien un poco más moderado que en el sector financiero (-7% frente a - 10%). En la economía global la participación de las rentas de trabajo (remuneraciones más ingreso bruto mixto) igualmente registró una reducción de 61,9% a 55,6%, entre 2002-2007”
[18]. Ello de por sí es muy grave, pero resulta catastrófico en un país como Colombia, con los mayores niveles de inequidad y de pobreza; es deplorable registrar que en lugar de reducirse la brecha de ingresos se ha venido ampliando, al punto que esta era menor en 1999 que en 2008. Colombia, según el último Informe de la CEPAL, durante el auge de la economía entre los años 2002 – 2005 no sólo no mejoró la distribución del ingreso, sino que empeoró al elevarse su coeficiente Gini de 0.572 en el período 2000 – 2002 a 0.584 para 2002 – 2005, pasando del nivel de desigualdad alto a muy alto
[19].
SOFISMAS DE DISTRACCIÓN
Hace rato Fedesarrollo ha venido sosteniendo que “los sobrecostos del trabajo, por la vía de los impuestos a la nómina, perjudican en forma importante la generación de empleo…Se introduce una distorsión en el mercado de factores que va en contra del empleo”
[20]. Para ellos son los impuestos a la nómina los que “crean incentivos para la inversión en maquinaria y también para la informalidad”
[21] e igualmente resulta axiomático que su supresión se traducirá en “más empleo, más competitividad y menos informalidad”
[22]. Su actual director, a propósito del crecimiento del desempleo concomitante con la amenazadora recesión económica, ha planteado que “para generar empleo hay que hacer menos costosa la contratación de trabajadores en el sector formal. Ello implica reformas en los campos laboral, fiscal y de financiación de la salud”
[23]. En ello ha coincidido con ANIF, para quien con la eliminación de las que ellos consideran “cargas” parafiscales, que no son otras que los aportes del 4%, 3% y 2% a las cajas de compensación familiar, el ICBF y el SENA, respectivamente. Para ANIF, de esta manera se puede “evitar esta gran informalidad laboral y permitan superar estas bajísimas coberturas de seguridad social”
[24]. También coinciden en que dichos ingresos, que son vitales para tan beneméritas entidades se deben reemplazar con “…impuestos indirectos y manejos presupuestales de tipo general”
[25]. A juicio del ex subdirector del DNP y ahora director ejecutivo del Centro de Estudios Regionales, Cafeteros y Empresariales (Crece) se debe “reducir el costo del trabajo a través del desmonte de las cargas parafiscales y la fijación de un salario mínimo más bajo”
[26] para reducir la tasa de desempleo en el país.
El gobierno ha sido reiterativo al responder a los gremios empresariales que no ve viable la eliminación de los parafiscales, pues ello pondría en riesgo la supervivencia de las cajas de compensación, el ICBF y el SENA. Pese a ello, se expidió el Decreto 525 del 23 de febrero reglamentario de la Ley 590 de 2000, el cual entra en vigencia el 23 de abril, mediante el cual se permite el enganche de trabajadores con descuento automático de los parafiscales. En virtud del mismo los aportes parafiscales a cargo de las micros, pequeñas y medianas empresas que se constituyan e instalen al amparo de dicha Ley serán objeto de las siguientes reducciones: 75% para el primer año de operación, 50% para el segundo año y 25% para el tercero. Pero, como el parágrafo del artículo 4º de dicho Decreto previó que “las MIPYMES que a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto tengan más de tres años de operación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 de este Decreto, no podrán acceder al beneficio”, empezaron las presiones para que sus beneficios se hicieran extensivas a estas últimas. El gobierno estuvo a punto de expedir un nuevo Decreto en este sentido, el cual fue congelado a raíz de un Consejo de Ministros el 10 de marzo, en el cual se manifestaron preocupaciones sobre el impacto de esta medida en las finanzas de las entidades receptoras de tales recursos. La directora de Planeación Nacional manifestó que primero había que evaluarlo primero antes de extenderlo a otras MIPYMES. Queda la inquietud en el sentido de que no se entiende cómo si el alivio de la “carga” de los parafiscales constituye un aliciente para que las empresas beneficiadas amplíen su oferta de trabajo, por qué después de nueve años de vigencia muy pocos empresarios se animaron a acogerse a él y aprovechar dichos descuentos.
Se insiste en que “aquí es demasiado costoso generar empleo”
[27], así como en el manido cuento que para generar empleo hay que “convertir el salario mínimo en flexible”
[28]. Claro, que cuando le preguntan al interpelado si flexibilizar el salario mínimo quiere decir bajarlo, responde “depende del estado de la economía. Hoy sería para bajarlo, claro, porque la economía está paralizada”
[29]. Esta no es la primera vez ni será la última que se plantea por parte de los interesados la necesidad de reducir el salario; ya el ex ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla había dicho para referirse al salario mínimo que este “es un chiste ridículamente alto…Hay que reducir el salario mínimo con el fin de que el proceso de ajuste se dé en unas condiciones justas con los trabajadores que ganan menos, que es la población más vulnerable de Colombia y la más expuesta a lo que se viene que puede ser duro”
[30]. Para Steiner el tema es que el salario mínimo en Colombia es altísimo comparado porcentualmente con el salario medio del país”
[31]. Siempre que se trata de frenar la destrucción de empleo se recurre a la socorrida tesis de bajar los costos laborales, pero sus pobres resultados han mostrado su ineficacia. Así sucedió cuando la revaluación del peso frente al dólar se le vino encima al sector exportador restándole competitividad y se repite ahora que la economía está de capa caída a consecuencia del coletazo de la crisis global
[32].
Bien dijo Stefano Farné, del Observatorio del Mercado Laboral de la Universidad Externado de Colombia que “es necesaria una buena comprensión de lo que está pasando en el mercado de trabajo para hacer frente a la magnitud del problema del desempleo”
[33]. La verdad monda y lironda es que “nada indica en la teoría ni en la intuición que en una situación de desaceleración en la demanda mundial, los empresarios estén dispuestos a contratar más trabajadores o por lo menos a mantenerlos, así sus costos laborales sean más bajos”
[34]. Esa es la gran verdad, pues como lo afirma el director del SENA, Darío Montoya, “el empleo es el resultado de una necesidad de las empresas para funcionar, operar, producir y crecer y nunca una decisión sustentada en una oferta barata del recurso humano”
[35]. Y no puede ser de otra manera, pues es el consumo interno o las exportaciones los que jalonan la producción y el empleo y en la medida en que esos dos motores fallan inexorablemente se vienen abajo y es lo que está ocurriendo. Por ello, podemos concluir que mientras persista la crisis el desempleo seguirá agudizándose, porque así como es imposible empujar un hilol resulta asaz difícil reactivar la producción y el empleo hasta que no repunte la demanda. Sólo en la medida que la economía crezca a un mejor ritmo las empresas engancharán más mano de obra y solo en la medida en que repunte la demanda tendremos un mejor desempeño de la economía
[36]. Por lo demás, los bajos salarios menguan el ingreso, la capacidad adquisitiva o poder de compra, lo cual repercute en la baja del consumo y no perdamos de vista que este representa el 84% del PIB. Bajar los salarios en las circunstancias actuales sería una medida procíclica, que hundiría más la economía en su descaecimiento, es como darse un tiro en el pie. Persistir en el despropósito de reducir los salarios dizque para así contribuir a la generación de empleo, puede terminar como el perro que trata inútilmente morderse la cola dando vueltas en círculo sin lograrlo. Lo demás son sólo sofismas de distracción. Acaso no se han percatado de los estragos de pescar con dinamita, aunque sea en río revuelto?
Ello es tanto más cierto, habida cuenta que, de acuerdo con un estudio de Jorge Espitia Zamora citado por el director del SENA, “los aportes a la seguridad social, al Sena, al Icbf y a las Cajas de Compensación, son en promedio 3,5 por ciento de los costos laborales. La anterior afirmación está soportada en el análisis de los costos e ingresos de las sociedades, a partir de 10 mil registros administrativos de declaraciones de renta para 2003 y 2004 disponibles en la DIAN”
[37]. Y remata diciendo que “luego en la práctica estas cargas representan muy poco dentro de la estructura de costos de las empresas. Las medidas que instan por eliminar los impuestos al trabajo que soportan las empresas, benefician principalmente a los grandes contribuyentes en detrimento del principio de la mayor felicidad para el mayor número”
[38]. Además, en un estudio que realizamos en 1999
[39] hicimos un parangón entre los costos financieros de las empresas colombianas con los de empresas extranjeras y de ese ejercicio salen muy mal libradas las nacionales. Veamos, mientras que para la General Motors, la Ford y Honda en los últimos 20 años sus desembolsos por concepto de pago de intereses han representado entre 1.5% y 3.2% de las ventas y en otros sectores, como el farmacéutico, compañías como Abott, Merck, Pfizer, Shering, Lilli, Bristol, Home products, Warner – Lambert y otras, este porcentaje no llega al 2%, en Colombia la situación es bien distinta. Es muy fácil dar con empresas en las cuales el fardo de las tasas de interés sobre las ventas sobrepasa el 15% (¡!) y últimamente han llegado hasta el 25%. Lo anterior se refleja en el P & G de las empresas. Fue así cómo las utilidades operacionales de las principales empresas en Colombia crecieron 49% durante los primeros 9 meses del año 1998 frete a igual período de 1997; las utilidades netas, en cambio, decrecieron 58% (¡!) por cuenta de los costos financieros, así:
1997
Utilidades operacionales: $407.242 millones
Utilidades netas: 175.373 millones
1998
Utilidades operacionales: $608.647 millones
Utilidades netas: $421.660 millones
El 89% de las empresas se vieron seriamente afectadas por esta circunstancia, entre ellas ENKA de Colombia y Fabricato. Y más recientemente se reportó que de un análisis realizado a 256 sociedades matrices dejó como resultado que al 31 de diciembre de 1998 obtuvieron utilidades operacionales por $1.9 billones, pero al deducir los costos financieros quedaron reducidas a una pérdida neta de $79 millones
[40]. Dicho de otra manera, las empresas trabajan para los bancos! Y podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que el peso de los costos financieros en la estructura de costos de las empresas lejos de aligerarse en los dos lustros transcurridos desde entonces se viene convirtiendo en un freno para la competitividad de las empresas. Basta con cotejar el peso de las tasas de interés sobre las ventas en Colombia y en los EEUU.; mientras en el primero las tasas de interés sobre las ventas sobrepasan el 20% en el segundo no supera el 4%. En Colombia en este momento los microcréditos con plazo entre un mes y un año pasaron en promedio entre el 15 de septiembre y el 31 de octubre de 30.85% a 33.49%, los de tesorería con plazo entre 6 y 14 días subieron de 10.95% a 13.52%, al tiempo que para el crédito a las medianas y grandes empresas entre tres y cinco años aumentaron de 15.56% a 16.95%
[41]. En los EEUU, por ejemplo, no hay crédito que pague intereses que excedan el 5%. Cabe preguntarse, entonces, por qué en lugar de demandar una reducción de los costos laborales no se hace lo propio con los costos financieros que apabullan a las empresas? No será que están buscando el ahogado aguas arriba? Por qué en lugar de preocuparse por los “sobrecostos” laborales no se ocupan de los sobrecostos, esos sí tangibles y concretos atribuibles a las deficiencias e ineficiencias en la logística y el transporte debidas a la pésima infraestuctura los cuales se estiman en un 20%.
Otro sofisma al que se ha apelado es atribuirle a los altos costos de la contratación de la mano de obra la creciente informalización del mercado laboral en Colombia. Comparto la apreciación de Farné, cuando afirma que “la informalidad es un fenómeno complejo, determinado no solamente por factores que afectan la demanda de trabajo, sino también por factores de oferta y por condiciones de productividad, de acceso a mercados, de tributación, de costos para empezar una iniciativa empresarial, de registros y papeles varios”
[42]. Él va más lejos y advierte que “no podemos negar la existencia de subsidios perversos – muchos de ellos relacionados con el Sisben – que reducen la oferta de trabajadores formales”
[43], porque a ello conduce el asistencialismo, más propio del conservadurismo compasivo del Estado del Malestar que del Estado Social de Derecho, conquista inapreciable de la Socialdemocracia
[44]. Se insiste que para remediar la fuga de trabajadores formales a informales y para generar empleo “hay que hacer menos costosa la contratación de trabajadores en el sector formal”
[45], cuando ello es lo que se procurado con las dos reformas laborales que tuvieron lugar en el curso de sólo doce años sin lograrlo. Por el contrario, como concluyó un estudio del CID de la Universidad Nacional desde la década del 90 “…se están destruyendo empleos estables por trabajo independiente con ingresos precarios y sin cobertura de seguridad”
[46], imponiéndose la economía del rebusque. La disyuntiva que se plantea Steiner en este caso es “qué prefiero ser: formal y pagar o informal y no pagar. Blanco es, gallina lo pone”
[47], refiriéndose a los parafiscales. En lugar de meter en cintura a los que no pagan para que se formalicen y lo hagan, lo que se propone es que el empleo formal tampoco pague, es decir que todos queden sumidos en la informalidad. Esa es la misma lógica que ha llevado al gobierno a autorizar a los bancos que cobren intereses usurarios a las microempresas para que no tengan pagar intereses extravagantes en el mercado extrabancario, en lugar de aplicar la Ley e impedir que los agiotistas hagan de las suyas.
¡ES LA DEMANDA, ESTÚPIDO!
Finalmente, es bueno hacer referencia al hecho de que una eventual reducción de los parafiscales les abriría una tronera a los presupuestos de las cajas de compensación, al ICBF y al SENA y su eliminación las condenaría a su desaparición o lento marchitamiento. De ello no hay la menor duda, por que tales aportes son su soporte y base de funcionamiento y operación, en unos frentes supremamente sensibles desde el punto de vista social, tanto más en un país como este en donde la red de protección social es extremadamente débil. Para suplir tales recursos se han planteado por parte de los que abogan por tan antipática medida varias alternativas, como los “impuestos indirectos y manejos presupuestales de tipo general”
[48] o, como lo sugiere Steiner “subir el IVA, para eliminar todas estas cargas actuales, que lo único que están generando es trabajo en el campo informal”
[49]. Pero, lo más grave que le puede suceder a estas instituciones es quedar a merced de la asignación cada año de las partidas presupuestales correspondientes, en medio de tantas afugias fiscales como las que confronta la Nación. Ello sería funesto, para no decir fatal. Si se pretendiera “subir el IVA”, como lo propone Fedesarrollo se tendría que reajustar en 6 puntos por lo menos, ya que cada punto del IVA significa $900.000 millones de recaudo. Tampoco sería viable expandir su aplicación, pues con con sobrada razón ha dicho el Presidente Uribe que “no vemos hoy más espacio social ni político para seguir aumentado la base del IVA, porque el aumento implicaría que entonces gravemos con IVA alimentos básicos; que gravemos con IVA matrículas educativas; que gravemos con IVA consulta médica y gastos de salud; que gravemos con IVA servicios públicos”
[50]. Es de anotar que como lo econoció el Presidente “cuando empezamos, la base del IVA era del 37 por ciento; hoy es del 54 por ciento.”. El IVA ya no estira más, por favor; además, una medida de este corte es lo más contrario a los fines de la política fiscal anticíclica, por lo que sería contraproducente.
Ya es hora de dejar de desvariar y replantearse más bien el Modelo económico en que se fundan tales propuestas de política. Es importante que quienes las hacen se persuadan de que lo que hizo crisis con la crisis global no fue sólo la desregulación, que es apenas una pieza de toda la armazón del endriago neoliberal
[51]. Hay que cambiar de cartilla, pues como afirmó Albert Einstein “no podemos resolver los problemas de la misma manera que los creamos”; ya es hora de cambiar de paradigmas y actuar en consecuencia. Fue el propio Secretario del Tesoro de los EEUU, Hank Paulson, quien se atrevió a sentenciar que “El capitalismo crudo llegó a su final”. Las teorías de Say y Walras, que le rinden un culto supersticioso a la oferta están siendo revaluadas y se empieza a privilegiar la demanda como principal agente catalizador de la dinámica del crecimiento y el empleo productivo. Aquí resulta pertinente parodiar la célebre frase (¡Es la economía, estúpido!) atribuida a James Carville, asesor del demócrata Bill Clinton en la campaña electoral de 1992 que lo catapultó al Despacho Oval de la Casa Blanca: ¡es la demanda, estúpido! Se ha venido imponiendo, en cambio, la escuela keynesiana, al extremo que su teoría que hasta la víspera era considerada heterodoxa ahora se considera la ortodoxia de estos nuevos tiempos de turbulencia y confusión. Si la medicina tradicional se muestra incapaz de remediar los males que agobian a la economía y a la sociedad, no dudemos en apelar a la medicina alternativa.
Riohacha, abril 10 de 2009
www.amlkaracosta.net
[1] Amylkar D. Acosta M. El fantasma de la recesión. Abril, 2 de 2009
[2] La República. Abril, 1 de 2009
[3] Amylkar D. Acosta M. El fantasma de la recesión. Abril, 2 de 2009
[4] El Espectador. Octubre, 21 de 2008
[5] El Tiempo. Enero, 29 de 2009
[6] El Nuevo Siglo. Enero, 29 de 2009
[7] Portafolio. Editorial. Marzo, 2 de 2009
[8] Ley 50 de 1990 y Ley 789 de 2002
[9] Dinero. Febrero, 18 de 2005
[10] Dinero. Abril, 1 de 2005
[11] El Espectador. Julio, 31 de 2005
[12] Amylkar D. Acosta M. Crecimiento sin empleo. Agosto, 1 de 2005
[13] Idem
[14] Ley 633 de 2000 y Ley 788 de 2002
[15] Ley 111 de 2006, artículo 158 - 3
[16] Dinero. Noviembre, 7 de 2008
[17] El Nuevo Siglo. Helena Villamizar García –Herreros. Marzo, 1 de 2009
[18] Idem
[19] Amylkar D. Acosta M. Cuál cohesión social? Marzo, 7 de 2009
[20] Dinero. Julio, 20 de 2007
[21] Idem
[22] Idem
[23] El Tiempo. Abril, 6 de 2009
[24] ANIF. Informe Semanal No. 795. Agosto, 16 de 2005
[25] Idem
[26] El Espectador. Abril, 6 de 2009
[27] El Tiempo. Roberto Steiner, director de Fedesarrollo. Abril, 5 de 2009
[28] Idem
[29] Idem
[30] Colprensa. Diciembre, 12 de 2008
[31] El Tiempo. Abril, 5 de 2009
[32] Amylka D. Acosta m. Los parafiscales. Marzo, 25 de 2007
[33] Portafolio. Marzo, 2 de 2009
[34] Portafolio. Jorge Iván Giraldo Gómez. Enero, 26 de 2009
[35] Portafolio. Enero, 23 de 2009
[36] Amylkar D. Acosta M. Un exabrupto. Septiembre, 13 de 2005
[37] Idem
[38] Idem
[39] Amylkar D. Acosta M. Ajuste fiscal o desajuste estructural. Septiembre de 1999
[40] El Espectador. Julio 28 de 1999
[41] Amylkar D. Acosta M. A pellizcarse. Diciembre, 2 de 2008
[42] Portafolio. Marzo, 24 de 2009
[43] Idem
[44] Amylkar D. Acosta M. El Estado del Malestar. Febrero, 25 de 2009
[45] El Tiempo. Roberto Steiner, director de Fedesarrollo. Abril, 5 de 2009
[46] CID- Universidad Nacional. Bien estar y macroeconomía. CGR. 2003
[47] Ibidem
[48] Idem
[49] El Tiempo. Abril, 5 de 2009
[50] Asamblea Nacional de Gobernadores. Medellín
[51] Amylkar D. Acosta M. El ocaso del neoliberalismo. Diciembre, 29 de 2008
nicipio de Santa Ana, desde las ocho de la mañana del día se hoy se tomó la personería de de este Municipio donde a su vez funciona la defensoría del pueblo, se encadenó e inició una huelga de hambre.
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